martes, 3 de abril de 2018

«El colonialismo insidioso» -Boaventura de Sousa Santos*




El término alemán Zeitgeist se utiliza actualmente en diferentes lenguas para designar el clima cultural, intelectual y moral de una determinada época, literalmente, el espíritu del tiempo, el conjunto de ideas y creencias que componen la especificidad de un periodo histórico. En la Edad Moderna, dada la persistencia de la idea del progreso, una de las mayores dificultades para captar el espíritu de una determinada época reside en identificar las continuidades con respecto a épocas anteriores, casi siempre disfrazadas de discontinuidades, innovaciones y rupturas.
 

Para complicar aún más el análisis, lo que permanece de períodos anteriores siempre se metamorfosea en algo que simultáneamente lo denuncia y disimula y, por eso, permanece siempre como algo diferente de lo que fue, sin dejar de ser lo mismo. Las categorías que usamos para caracterizar una determinada época son demasiado toscas para captar esta complejidad, porque ellas mismas forman parte del mismo espíritu del tiempo que supuestamente deben caracterizar desde fuera. Corren siempre el riesgo de ser anacrónicas, por el peso de la inercia, o utópicas, por la ligereza de la anticipación.
 

Vengo defendiendo que vivimos en sociedades capitalistas, coloniales y patriarcales, en referencia a los tres principales modos de dominación de la modernidad occidental: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado o, más precisamente, el heteropatriarcado. Ninguna de estas categorías es tan controvertida entre los movimientos sociales y la comunidad científica como la de colonialismo. Hemos sido tan socializados en la idea de que las luchas de liberación anticolonial del siglo XX pusieron fin al  colonialismo, que casi resulta una herejía pensar que al final el colonialismo no acabó, sino que apenas cambió de forma o ropaje. Nuestra dificultad radica sobre todo en nombrar adecuadamente este complejo proceso de continuidad y cambio. Es cierto que los analistas y los políticos más perspicaces de los últimos 50 años tuvieron la aguda percepción de esta complejidad, pero sus voces no fueron lo suficientemente fuertes como para cuestionar la idea convencional de que el colonialismo propiamente dicho acabara, con la excepción de algunos pocos casos, siendo los más dramáticos posiblemente el Sáhara Occidental, la colonia hispano-marroquí que continúa subyugando al pueblo saharaui, así como la ocupación de Palestina por Israel. Entre esas voces cabe destacar la del gran sociólogo mexicano Pablo González Casanova con su concepto de “colonialismo interno” para caracterizar la permanencia de estructuras de poder colonial en las sociedades que emergieron en el siglo XIX de las luchas de independencia de las antiguas colonias americanas de España.
 

Y también la voz del gran líder africano Kwame Nkrumah, primer presidente de la República de Ghana, con su concepto de “neocolonialismo” para caracterizar el dominio que las antiguas potencias coloniales seguían ejerciendo sobre sus antiguas colonias, convertidas en países supuestamente independientes. Una reflexión más profunda sobre los últimos 60 años me lleva a concluir que lo que casi terminó con los procesos de independencia del siglo XX fue una forma específica de colonialismo, y no el colonialismo como modo de dominación. La forma que casi terminó fue lo que se puede designar como colonialismo histórico, caracterizado por la ocupación territorial extranjera. Sin embargo, el modo de dominación colonial continuó bajo otras formas. Si las consideramos de esta forma, el colonialismo es tal vez hoy tan vigente y violento como en el pasado.

 
Para justificar esta afirmación es necesario especificar en qué consiste el colonialismo como forma de dominación. El colonialismo es todo aquel modo de dominación basado en la degradación ontológica de las poblaciones dominadas por razones etnorraciales. A las poblaciones y a los cuerpos racializados no se les reconoce la misma dignidad humana que se atribuye a quienes los dominan. Son poblaciones y cuerpos que, a pesar de todas las declaraciones universales de los derechos humanos, son existencialmente considerados como subhumanos, seres inferiores en la escala del ser. Sus vidas tienen poco valor para quien los oprime, siendo, por tanto, fácilmente desechables. Originalmente se los concibió como parte del paisaje de las tierras “descubiertas” por los conquistadores, tierras que, a pesar de ser habitadas por poblaciones indígenas desde tiempos inmemoriales, fueron consideradas como tierras de nadie, terra nullius. También se consideraron como objetos de propiedad individual, de los que la esclavitud es prueba histórica. Y hoy continúan siendo poblaciones y cuerpos víctimas del racismo, de la xenofobia, de la expulsión de sus tierras para abrir el camino a los megaproyectos mineros y agroindustriales y a la especulación inmobiliaria, de la violencia policial y las milicias paramilitares, del trabajo esclavo llamado eufemísticamente “trabajo análogo al trabajo esclavo” para satisfacer la hipocresía biempensante de las relaciones internacionales, de la conversión de sus comunidades de ríos cristalinos y bosques idílicos en infiernos tóxicos de degradación ambiental. Viven en zonas de sacrificio, en todo momento en riesgo de convertirse en zonas de no ser.

 
Las nuevas formas de colonialismo son más insidiosas porque se producen en el núcleo de relaciones sociales, económicas y políticas dominadas por las ideologías del antirracismo, de los derechos humanos universales, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación, de la igual dignidad de los hijos e hijas de cualquier dios o diosa. El colonialismo insidioso es gaseoso y evanescente, tan invasivo como evasivo, en suma, astuto. Pero ni así engaña o aminora el sufrimiento de quienes son sus víctimas en la vida cotidiana. Florece en apartheids sociales no institucionales, aunque sistemáticos. Sucede tanto en las calles como en las casas, en las prisiones y en las universidades, en los supermercados y en las estaciones de policía. Se disfraza fácilmente de otras formas de dominación tales como diferencias de clase y de sexo o sexualidad, incluso siendo siempre un componente de ellas. Verdaderamente, el colonialismo insidioso solo es captable en close-ups, instantáneas del día a día. En algunas de ellas surge como nostalgia del colonialismo, como si fuese una especie en extinción que debe ser protegida y multiplicada. He aquí algunas de tales instantáneas.

 
Primera instantánea: Uno de los últimos números de 2017 de la respetable revista científica Third World Quarterly, dedicada a los estudios poscoloniales, incluía un artículo de autoría de Bruce Gilley, de la Universidad Estatal de Portland, titulado “En defensa del colonialismo”. Este el resumen del artículo: “En los últimos cien años, el colonialismo occidental ha sido muy maltratado. Ha llegado la hora de rebatir esta ortodoxia. Considerando de manera realista los respectivos conceptos, el colonialismo occidental fue, en regla, tanto objetivamente benéfico como subjetivamente legítimo en la mayor parte de los lugares donde ocurrió. En general, los países que abrazaron su herencia colonial tuvieron más éxito que aquellos que la despreciaron. La ideología anticolonial impuso graves perjuicios a los pueblos sujetos a ella. Y continúa impidiendo, en muchos lugares, un desarrollo sustentado y un encuentro productivo con la modernidad. Hay tres formas en las que estados fallidos de nuestro tiempo pueden recuperar hoy el colonialismo: reclamando modos de gobernanza colonial, recolonizando algunas áreas y creando nuevas colonias occidentales”.

 
El artículo causó una indignación general y quince miembros del consejo editorial de la revista dimitieron. La presión fue tan grande que el autor terminó por retirar el artículo de la versión electrónica de la revista, aunque permaneció en la versión impresa. ¿Fue una señal de los tiempos? Al final, el artículo fue sujeto a revisión anónima por pares. La controversia mostró que la defensa del colonialismo estaba lejos de ser un acto aislado de un autor desvariado.
 

Segunda instantánea: Wall Street Journal del 22 de marzo pasado publicó un reportaje titulado: “La búsqueda de semen norteamericano se disparó en Brasil”. Según la periodista, la importación de semen norteamericano por mujeres solteras y parejas lésbicas brasileñas ricas aumentó extraordinariamente en los últimos siete años y los perfiles de los donantes seleccionados muestran la preferencia por bebés blancos y con ojos azules. Y añade: “La preferencia por donantes blancos refleja una persistente preocupación por la raza en un país en que la clase social y el color de piel coinciden con gran rigor. Más del 50 por ciento de los brasileños son negros o mestizos, una herencia resultante del hecho que Brasil importó diez veces más esclavos africanos que los Estados Unidos; y fue el último país en abolir la esclavitud, en 1888. Los descendientes de colonos y migrantes blancos –muchos de los cuales fueron atraídos al Brasil a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando las élites de gobierno buscaban explícitamente ‘blanquear’ a la población– controlan la mayor parte del poder político y de la riqueza del país. En una sociedad tan racialmente dividida, tener descendencia de piel clara es visto muchas veces como un modo de brindar a los niños mejores perspectivas, sea un salario más elevado o un tratamiento policial más justo”.

 
Tercera instantánea: El 24 de marzo pasado, el diario más influyente de Africa del Sur, Mail & Guardian, publicó un reportaje titulado “Genocidio blanco: cómo la gran mentira se propagó en los Estados Unidos y otros países”. Según el periodista, “los Suidlanders (foto), un grupo sudafricano de extrema derecha, han venido estableciendo contacto con otros grupos extremistas en Estados Unidos y en Australia, fabricando una teoría de conspiración sobre el genocidio blanco, con el objetivo de conseguir apoyo internacional para los sudafricanos blancos. El grupo, que se autodescribe como ‘una iniciativa-plan de emergencia’ para preparar una minoría sudafricana de cristianos protestantes para una supuesta revolución violenta, se ha relacionado con varios grupos extremistas (alt-right) y sus influyentes contactos mediáticos en Estados Unidos para instalar una oposición global a la alegada persecución de blancos en África del Sur. La semana pasada, el ministro australiano de Asuntos Internos dijo a Daily Telegraph que estaba considerando la otorgación de visas rápidas para agricultores sudafricanos blancos, los cuales –argüía el ministro– necesitaban “huir de circunstancias atroces” para “un país civilizado”. Según el ministro, tales agricultores “merecen atención especial” debido a la ocupación de tierras y la violencia… Estos agricultores sudafricanos blancos también han recibido atención en Europa, donde políticos de extrema derecha con contactos en la extrema derecha estadounidense han solicitado al Parlamento Europeo que intervenga en Africa del Sur. Agentes políticos contra los refugiados en el Reino Unido están igualmente ligados a la causa”.

 
La gran trampa del colonialismo insidioso es dar la impresión de un regreso, cuando en realidad lo que “regresa” nunca dejó de existir.

 
*Doctor en Sociología del Derecho. Profesor de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Winsconsin-Madison (EE.UU.).

Traducción: Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez.

lunes, 19 de febrero de 2018

25-F Por otra Europa posible




“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”
Martin L. King

El domingo 25 de febrero, en distintas ciudades españolas, colectivos y movimientos sociales diversos volveremos a salir a la calle para exigir a los gobiernos europeos el cambio sustancial de sus políticas migratorias y de asilo. Para tal fin, se hará lectura del Manifiesto “NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN” (http://somxarxa.org/manifiesto/), elaborado tanto para concienciar a la sociedad sobre la verdadera magnitud de la catástrofe que afecta a millones de vidas en peligro como para proponer medidas concretas que reviertan esta gravísima situación.

En un contexto histórico profundamente regresivo -de crisis de humanidad y evidente retroceso en materia de derechos humanos-, se hace impostergable un cambio de raíz de las políticas europeas: casi 70 millones de seres humanos han perdido sus hogares huyendo de la guerra, las hambrunas, el cambio climático o persecuciones de todo tipo. Ante una situación semejante, en pleno siglo XXI, no cabe la pasividad, a riesgo de hacernos cómplices de un genocidio que se está perpetrando ahora mismo en las puertas de una Europa cada vez más fortificada. Hace falta insistir: la Unión Europea ha decidido dar las espaldas al sufrimiento que contribuye a producir a gran escala, en un ejercicio de cinismo que debe ser políticamente confrontado.

La realidad no puede ser más desoladora. Aunque las cifran apenas dan cuenta del desastre actual, en los últimos 17 años han perecido más de 35000 personas intentando arribar al continente europeo. No se trata, sin embargo, de ninguna fatalidad trágica sino de uno de los efectos más visibles de una serie de decisiones políticas que han optado por blindar las fronteras europeas a costa de los otros. Que cada año mueran ahogadas miles de personas en el Mediterráneo no es nada inevitable (producto de una batalla desigual, más o menos metafísica, entre la naturaleza y el ser humano). Por el contrario, es consecuencia directa de un sistema de control fronterizo específico, basado en la criminalización de quienes son víctimas de múltiples formas de violencia sistémica. Entre esas violencias, sin dudas, es inocultable el papel vergonzoso que desempeña el complejo industrial-militar que hace de la guerra y el crimen organizado un negocio multimillonario, así como la intervención predominantemente represiva de los estados europeos frente a quienes buscan ponerse a resguardo, incumpliendo por lo demás los compromisos contraídos en materia de reasentamiento de personas refugiadas.

Se trata, en suma, de unas decisiones gubernamentales que sólo pueden ser revertidas a partir de la presión ciudadana: sin una movilización colectiva permanente lo único que cabe esperar de la actual gobernanza europea son más blindajes fronterizos y más omisión de ayuda ante aquellos seres humanos que condena a la infravida, cuando no directamente a la muerte. Ante esta situación inadmisible, a contramano de las banderas que la UE dice enarbolar, necesitamos una respuesta ciudadana enérgica, que alce la voz frente a la escandalosa vulneración de los derechos humanos, exigiendo un proyecto europeo diferente, capaz de acoger y proteger a quienes ahora expulsa o rechaza. Lo que no es menos importante: se trata de exigir el cumplimiento efectivo de la legislación internacional en materia de asilo y, en particular, de garantizar el ejercicio de dicho derecho en las fronteras, así como de impedir que las personas sean encerradas y deportadas por su situación administrativa.

Ante una política sistemática de denegación del asilo, pues, se hace urgente luchar para que nuestras demandas de justicia sean escuchadas y atendidas sin postergaciones, comenzando por garantizar vías legales y seguras para las personas desplazadas, así como corredores humanitarios y medidas urgentes de acogida y protección, suspensión de acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los DDHH, así como el desarrollo de políticas sociales inclusivas y de cooperación al desarrollo al servicio de los pueblos, entre otras cuestiones.

En una época de ignominia moral y política, necesitamos unirnos y decir basta a una Unión Europea que no nos representa. No seremos cómplices de una Unión Europea racista que negocia con los derechos humanos de los demás. Precisamente porque somos responsables tanto de nuestras acciones como de nuestras omisiones, participar el 25-F en las manifestaciones convocadas constituye un deber de quienes no se contentan con las concertinas y los naufragios como respuesta última ante tanto dolor anónimo. Contra la resignación a la que quieren condenarnos, quizás nuestra mejor respuesta sea organizar el grito, para que esos millones de desplazados dejen de ser tratados como meros deshechos de los derechos humanos.

viernes, 16 de febrero de 2018

NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN




La situación es insostenible. Estamos sufriendo, en pleno siglo XXI, la mayor crisis humanitaria de personas refugiadas y migrantes desde la Segunda Guerra Mundial. Según ACNUR, a 30 de junio de 2016, la estimación de personas desplazadas  forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos, era de 68,5 millones, cifra que vemos aumentada en el Informe 2017 de CEAR, que habla ya de casi 70 millones de personas desplazadas forzosamente.

El mar Mediterráneo se ha convertido en la mayor vergüenza de Europa; en los últimos 17 años, 35.000 personas han perdido la vida en sus aguas  y según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), el 2016 fue el año más mortífero, con 5.000 personas, que perdieron la vida ahogados en el intento de alcanzar Europa, con una media de 14 personas cada día, entre las que se encuentran niñas y niños que se han quedado sin futuro. Estas muertes podrían haberse evitado si las personas hubiesen contado con vías legales y seguras en su trayecto para obtener protección.

En el 2016, 1.259.265 personas, trataron de encontrar refugio en Europa solicitando protección internacional, de las cuales solo 15.755 lo hicieron en el Estado español.

Además, nuestras multinacionales, al igual que las de otras potencias mundiales, están también en el origen de las causas de estas migraciones forzosas: guerras provocadas por intereses económicos y energéticos, vulneración de derechos, esclavitud laboral…

Mientras tanto, Europa se blinda, hemos endurecido las políticas de asilo para que cada vez sea más difícil acceder al derecho de protección internacional, y hemos apoyado acuerdos “ilegales” con terceros países no seguros, como Turquía o países africanos, para que sean éstos los que se encarguen de “gestionar” el futuro de millones de personas que huyen de la guerra o cuyas vidas corren peligro por algún tipo de persecución, auspiciando la esclavitud y la tortura. Personas cuyos derechos humanos están siendo reiteradamente vulnerados, primero en sus países de origen, durante su tránsito y luego cuando llegan al nuestro, a pesar de todas las leyes internacionales y declaraciones universales que obligan al Estado español a ofrecer protección internacional. Vivimos una crisis del Estado de Derecho.

El Gobierno español tampoco está siendo capaz de cumplir sus propios compromisos. Miles de personas siguen esperando en campos de refugiados dentro y fuera de Europa, en condiciones infrahumanas, para ser acogidas. El 26 de septiembre del año pasado terminó el plazo del programa de reubicación y reasentamiento europeo. El Estado español ha acogido a un ridículo 15,67% de las 17.337 personas asignadas en su cuota. Tan solo 2.716 personas en dos años. Un porcentaje vergonzoso, que nos coloca entre los países con un mayor grado de incumplimiento.

Además, las políticas de asilo españolas durante 2016-2017 han limitado al máximo el derecho de asilo a miles de personas que no huyen del conflicto sirio, pero sí de otros, y que también sufren violaciones de sus derechos.

Ahora más que nunca, es necesario y urgente que toda la ciudadanía, colectivos, asociaciones, entidades y movimientos sociales salgamos a la calle para decir alto y claro lo que queremos.

Queremos una Europa Acogedora, NO una Europa Fortaleza.

Que se proteja el derecho a la vida y al refugio, NO que se vulneren los derechos de las personas que intentan llegar a nuestras fronteras huyendo de la muerte.

Que se acoja a estas personas cumpliendo con la legislación internacional y que se cumplan los compromisos y obligaciones adquiridos. NO se puede expulsar a nadie a países no seguros.

Todas juntas exigimos que las personas que huyen de sus países sean tratadas según sus derechos y por tanto puedan solicitar la protección internacional que les corresponde en países como el Estado español, sin trabas y de forma efectiva.

Que el Estado español, y el resto de los países europeos, garantice para ello el acceso a unas vías legales y seguras, como corredores humanitarios o la posibilidad de solicitar asilo en embajadas.

Que el Estado español y el resto de gobiernos de la UE adopten medidas urgentes de acogida, y las apliquen de inmediato, haciendo especial hincapié en las necesidades de protección de aquellas personas cuyos derechos son más vulnerados, como son las niñas y niños, mujeres, personas LGTBI, así como ancianas y enfermas.

Que la Unión Europea suspenda la firma y los acuerdos de control fronterizo, retorno y readmisión con países que no respetan los Derechos Humanos.

Que el Estado español y la UE lleven a cabo políticas de acogida que garanticen la dignidad y la inclusión de las personas refugiadas y migrantes.

Y por supuesto, que los gobiernos refuercen la cooperación al desarrollo para trabajar en las causas que provocan los desplazamientos de las personas refugiadas, para evitar que sigan huyendo.

La ciudadanía está en pie. No seremos cómplices. Esta Unión Europea no nos representa, NO A LA EUROPA FORTALEZA, LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NEGOCIAN



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jueves, 25 de enero de 2018

Algunas herramientas feministas: interseccionalidad y decolonialidad


 
 
 
 
 

1. “Feminismos negros. Una antología”, VVAA

“ (…) presentar esta antología es también una cuestión política, que quiere en cierto sentido entroncar con una tradición de pensadoras y activistas negras. Éstas han contribuido a la historización del movimiento feminista así como a la creación de un sólido corpus teórico. Es una cuestión política porque la reivindicación de la historia del movimiento feminista negro es también un acto de reconocimiento frente a los procesos de oscurecimiento, ocultación y negación por parte del pensamiento feminista hegemónico. Si bien los textos más emblemáticos de autoras como Ángela Davis, bell hooks, Patricia Hill Collins, Hazel Carby o Avtar Brah y sus aportaciones ya comienzan a ser de lectura obligada en los ámbitos académicos, la cuestión no es tanto si aparecen o no, sino desde qué categorías lo hacen. Y en su caso, quedan recogidas en ese cajón de sastre que son los feminismos post-coloniales, de resistencia, del Tercer Mundo o feminismos culturales. Desde unas posiciones en las que se cuestiona el feminismo hegemónico, el feminismo negro aparece como una corriente crítica dentro de estos feminismos, desposeído de toda historia y de toda carga de movimiento político”.
 
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2. “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”,  Mara Viveros Vigoya

Las definiciones, los usos y el alcance teórico, metodológico y político del giro interseccional en la teoría feminista son el eje del presente artículo. En este texto se establece una genealogía de los enfoques interseccionales, incluyendo en este relato los aportes del pensamiento feminista producido en distintos contextos históricos y geopolíticos. Se identifican algunas de las grandes líneas del debate sobre la interseccionalidad con el fin de mostrar su alcance y sus límites, ligados en gran parte a su amplia difusión. Igualmente, se da cuenta de la forma como son experimentadas concretamente las intersecciones de raza y género, clase y género y la consubstancialidad de estas relaciones para los grupos sociales involucrados, examinando tanto mis propios trabajos investigativos como los de otras autoras. El texto concluye con la importancia política del concepto, enfatizando los aportes del black feminism, el feminismo de color y el feminismo latinoamericano como enfoques epistémicos descolonizadores. A partir de este recorrido analítico se destaca el alcance teórico y crítico de un enfoque interseccional localizado y contextualizado.

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3. “Colonialidad y Género” –María Lugones

Este artículo investiga la interseccionalidad entre raza, clase, género y sexualidad con el objetivo de entender la preocupante indiferencia que los hombres muestran hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobre las mujeres de color, es decir, mujeres no blancas víctimas de la colonialidad del poder e, inseparablemente, de la colonialidad del género. El artículo se inserta dentro de la tradición de pensamiento de mujeres de color que han creado análisis críticos del feminismo hegemónico precisamente por ignorar la interseccionalidad de raza/clase/sexualidad/género. Busca entender la forma en que se construye esta indiferencia de los hombres para, así convertirla en algo cuyo reconocimiento sea ineludible para quienes están involucrados en luchas liberadoras. Se discute en detalle una manera otra, muy distinta de los feminismos occidentales, de entender el patriarcado desde la colonialidad del género. La autora nos invita a pensar en la cartografía del poder global desde lo que llama el Sistema Moderno/Colonial de Género.
 
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4. “Hacia un feminismo descolonial”,  María Lugones

Este trabajo se pregunta cómo pensar sobre interacciones íntimas, cotidianas de resistencia a la diferencia colonial, definiendo intimidad no exclusivamente ni principalmente en términos de relaciones sexuales, sino de la vida social entretejida entre personas que no están actuando como representantes o funcionarias. Se parte de la idea de que la lógica categorial dicotómica y jerárquica es central para el pensamiento capitalista y colonial moderno sobre raza, género y sexualidad, y de que los colonizados fueron definidos desde el primer momento de la colonización como no-humanos, cuya animalidad les impedía ser vistos como hombres y mujeres, aun considerando a las mujeres blancas como no-hombres. Se muestra el vínculo entre la introducción colonial del concepto instrumental moderno de la naturaleza que es central para el capitalismo, y la introducción colonial del concepto moderno de género. Se propone un feminismo descolonial, con un fuerte énfasis en una intersubjetividad historizada, encarnada, entablando una crítica de la opresión de género racializada, colonial y capitalista, heterosexualista, como una transformación vivida de lo social. En oposición a la jerarquización dicotómica que caracteriza la colonialidad capitalista y moderna, se plantea el movimiento hacia la coalición que nos impulsa a conocernos el uno al otro como sí mismos que son densos, en relación, en socialidades alternativas y basadas en formas tensas, creativas, de habitar la diferencia colonial. Para ello es necesario el análisis de la opresión de género racializada y capitalista, es decir, de “la colonialidad del género”, a fin de vencerla mediante el “feminismo descolonial”.

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6. “Mujeres, Raza y Clase”, Angela Davis

El presente libro trata de desvelar las causas que llevaron a que las reivindicaciones de las mujeres negras fueran sistemáticamente invisibilizadas a pesar del potencial revolucionario que encerraba un movimiento semejante. En sus distintos capítulos, Angela Davis ofrece un análisis riguroso y esclarecedor que no sólo pone de manifiesto las estrategias de lucha de las mujeres negras, sino también los problemas de composición de las diferencias que siguen desgarrando los movimientos políticos actuales.
A través de trece ensayos, Angela Davis traza un recorrido tanto por los mitos como por las lagunas históricas de la experiencia de las mujeres negras. El sexismo en las luchas por la abolición de la esclavitud, el racismo en el movimiento sufragista y la articulación de la raza y la clase en los primeros momentos de la lucha por la emancipación de las mujeres, los significados específicos de la emancipación, de la explotación sexual y de clase, las experiencias organizativas autónomas de las mujeres negras... todos estos avatares están vertebrados por una continuidad histórica y política que, según Davis, es preciso analizar para entender las dinámicas de explotación y las estrategias de liberación, no sólo de las mujeres negras sino de todas las mujeres.

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7. “Raza, clase y género: la interseccionalidad, entre la realidad social y los límites políticos”, Houria Bouteldja

Esta intervención fue presentada en su totalidad por primera vez en la Universidad de Berkeley el 17 de abril de 2013, en el departamento de estudios étnicos. La segunda vez fue el 8 de junio de 2013 en la Red de Trabajo 24 de la Asociación Francesa de Sociología (AFS) “Género, clase, raza. Relaciones sociales y construcción de la alteridad”, y por tercera vez en el marco de la escuela de verano de Granada consagrada al pensamiento crítico islámico y a las luchas decoloniales, el 21 de junio de 2013. Habría que agregar que parte de este texto se presentó en el VI Congreso internacional de investigaciones feministas en Lausanne en agosto de 2012.

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8. «Interseccionalidad, un “concepto viajero”: orígenes, desarrollo e implementación en la Unión Europea», Maria Caterina La Barbera

La interseccionalidad constituye una de las mayores contribuciones conceptuales del  feminismo en los últimos veinticinco años. La luz que arroja en el estudio de los complejos mecanismos de discriminación ha permitido identificar la diversidad de las interacciones generadas por la subordinación de muy diferente tipo: por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, origen nacional, (dis)capacidad, nivel socioeconómico y otras. En este trabajo intento bosquejar el desarrollo de este concepto, desde sus primeros tiempos en los estudios jurídicos hasta su expansión desigual y asimétrica en las ciencias sociales y en las diferentes áreas geográficas. Dicha heterogeneidad obstaculiza, en algunas regiones, el empleo de esta herramienta conceptual en la práctica, y subraya la necesidad de indagar en las diferencias y matices —que suelen originarse en las interacciones con culturas, prácticas e instituciones existentes— con el objeto de mejorar los niveles de praxis y estrategias locales.

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9. “¿Qué es eso de la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la diversidad desde la perspectiva de género en España”, Carmen Expósito Molina

El desarrollo de las políticas de diversidad y de las políticas de igualdad de género en España ha tenido una evolución paralela en el tiempo. Las mujeres inmigradas han estado en buena medida ignoradas desde las políticas de diversidad y poco consideradas desde las políticas de igualdad. En los últimos años, no obstante, estas últimas han empezado a incorporarlas desde los diferentes ámbitos. En el momento actual un cambio de interpretación de las desigualdades ha hecho emerger el concepto de interseccionalidad como el instrumento para abordar adecuadamente sus realidades y situaciones de vida.

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10. "La interseccionalidad como desafío al mainstreaming de género en las politicas públicas", M.ª Ángeles (Maggy) Barrère Unzueta

La preocupación por una justicia social en clave de «igualdad de género» irrumpe en la agenda de las políticas públicas de manera paralela al posicionamiento del poder público contra el fenómeno de la «discriminación intergrupal» y de las protestas generadas a causa del mismo. Esto sucede cuando ciertos «grupos» (minorías numéricas y/o sociológicas) articulados en movimientos sociales advierten que las cláusulas constitucionales de la igualdad ante la ley, falsamente universalistas, no permiten cambios estructurales en su situación de subordiscriminación. Pronto descubren estos movimientos que no es cierto que las leyes que no diferencian en el trato sean igualitarias, las limitaciones del concepto aristotélico del «trato similar a los similares», así como las consecuencias de ello en la aplicación jurídica.

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sábado, 13 de enero de 2018

«La nueva tesis once» -Boaventura de Sousa Santos





En 1845, Karl Marx escribió las célebres Tesis sobre Feuerbach. Redactadas después de los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, el texto constituye una primera formulación de su propósito de construir una filosofía materialista centrada en la praxis transformadora, radicalmente distinta de la que entonces dominaba y cuyo máximo exponente era Ludwig Feuerbach. En la célebre undécima tesis, la más conocida de todas, declara: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. El término “filósofos” se utiliza en un sentido amplio, como referencia a los productores de conocimiento erudito, pudiendo incluir hoy todo el conocimiento humanista y científico considerado fundamental en contraposición al conocimiento aplicado.

A principios del siglo XXI esta tesis plantea dos problemas. El primero es que no es verdad que los filósofos se hayan dedicado a contemplar el mundo sin que su reflexión haya tenido algún impacto en la transformación del mundo. Y aunque eso haya sucedido alguna vez, dejó de ocurrir con el surgimiento del capitalismo o, si queremos un término más amplio, con la emergencia de la modernidad occidental, sobre todo a partir del siglo XVI. Los estudios sobre sociología del conocimiento de los últimos cincuenta años han sido concluyentes en mostrar que las interpretaciones del mundo dominantes en una época dada son las que legitiman, posibilitan o facilitan las transformaciones sociales llevadas a cabo por las clases o grupos dominantes.

El mejor ejemplo de ello es la concepción cartesiana de la dicotomía naturaleza-sociedad o naturaleza-humanidad. Concebir la naturaleza y la sociedad (o la humanidad) como dos entidades, dos sustancias en la terminología de Descartes, totalmente distintas e independientes una de la otra, tal como sucede con la dicotomía cuerpo-alma, y construir sobre esa base todo un sistema filosófico es una innovación revolucionaria. Choca con el sentido común, pues no imaginamos ninguna actividad humana sin la participación de algún tipo de naturaleza, comenzando por la propia capacidad y actividad de imaginar, dado su componente cerebral, neurológico. Además, si los seres humanos tienen naturaleza, la naturaleza humana, será difícil imaginar que esa naturaleza no tenga nada que ver con la naturaleza no humana. La concepción cartesiana tiene obviamente muchos antecedentes, desde los más antiguos del Antiguo Testamento (libro del Génesis) hasta los más recientes de su casi contemporáneo Francis Bacon, para quien la misión del ser humano es dominar la naturaleza. Pero fue Descartes quien confirió al dualismo la consistencia de todo un sistema filosófico.

El dualismo naturaleza-sociedad, en razón del cual la humanidad es algo totalmente independiente de la naturaleza y esta es igualmente independiente de la sociedad, es de tal manera constitutivo de nuestra manera de pensar el mundo y nuestra presencia e inserción en él que pensar de modo alternativo es casi imposible, por más que el sentido común nos reitere que nada de lo que somos, pensamos o hacemos puede dejar de contener en sí naturaleza. ¿Por qué entonces la prevalencia y casi evidencia, en los ámbitos científico y filosófico, de la separación total entre naturaleza y sociedad? Hoy está demostrado que esta separación, por más absurda que pueda parecer, fue una condición necesaria de la expansión del capitalismo. Sin tal concepción no habría sido posible conferir legitimidad a los principios de explotación y apropiación sin fin que guiaron la empresa capitalista desde el principio.

El dualismo contenía un principio de diferenciación jerárquica radical entre la superioridad de la humanidad/sociedad y la inferioridad de la naturaleza, una diferenciación radical que se basaba en una diferencia constitutiva, ontológica, inscrita en los planes de la creación divina. Esto permitió que, por un lado, la naturaleza se transformara en un recurso natural incondicionalmente disponible para la apropiación y la explotación del ser humano en beneficio exclusivo. Y, por otro, que todo lo que se considerara naturaleza pudiera ser objeto de apropiación en los mismos términos. Es decir, la naturaleza en sentido amplio abarcaba seres que, por estar tan cerca del mundo natural, no podían considerarse plenamente humanos.

De este modo, se reconfiguró el racismo para significar la inferioridad natural de la raza negra y, por tanto, la “natural” conversión de los esclavos en mercancías. Esta fue la otra conversión de la que nunca habló el padre António Vieira (famoso jesuita portugués, 1608-1697), pero que está presupuesta en todas las demás de las que habló brillantemente en sus sermones. La apropiación pasó a ser el otro lado de la superexplotación de la fuerza de trabajo. Lo mismo ocurrió con las mujeres al reconfigurar la inferioridad “natural” de las mujeres, que venía de muy atrás, convirtiéndola en la condición de su apropiación y superexplotación, en este caso consistente en la apropiación del trabajo no pagado de las mujeres en el cuidado de la familia. Este trabajo, a pesar de tan productivo como el otro, convencionalmente se consideró reproductivo para poderlo devaluar, una convención que el marxismo rechazó. Desde entonces, la idea de humanidad pasó a coexistir necesariamente con la idea de subhumanidad, la subhumanidad de los cuerpos racializados y sexualizados. Podemos, pues, concluir que la comprensión cartesiana del mundo estaba implicada hasta la médula en la transformación capitalista, colonialista y patriarcal del mundo.

En ese marco, la tesis once sobre Feuerbach plantea un segundo problema. Es que para enfrentar los gravísimos problemas del mundo de hoy –desde los chocantes niveles de desigualdad social a la crisis ambiental y ecológica, calentamiento global irreversible, desertificación, falta de agua potable, desaparición de regiones costeras, acontecimientos “naturales” extremos, etcétera– no es posible imaginar una práctica transformadora que resuelva estos problemas sin otra comprensión del mundo. Esa otra comprensión debe rescatar, a un nuevo nivel, el sentido común de la mutua interdependencia entre la humanidad/sociedad y la naturaleza; una comprensión que parta de la idea de que, en lugar de sustancias, hay relaciones entre la naturaleza humana y todas las otras naturalezas, que la naturaleza es inherente a la humanidad y que lo inverso es igualmente verdadero; y que es un contrasentido pensar que la naturaleza nos pertenece si no pensamos, de forma recíproca, que pertenecemos a la naturaleza.

No será fácil. Contra la nueva comprensión y, por tanto, nueva transformación del mundo militan muchos intereses bien consolidados en las sociedades capitalistas, colonialistas y patriarcales en que vivimos. Como he venido sosteniendo, la construcción de una nueva comprensión del mundo será el resultado de un esfuerzo colectivo y de época, o sea, ocurrirá en el seno de una transformación paradigmática de la sociedad. La civilización capitalista, colonialista y patriarcal no tiene futuro, y su presente demuestra eso de tal modo que ella solo prevalece por la vía de la violencia, de la represión, de las guerras declaradas y no declaradas, del estado de excepción permanente, de la destrucción sin precedentes de lo que continúa asumiendo como recurso natural y, por tanto, disponible sin límites. Mi contribución personal en ese esfuerzo colectivo ha consistido en la formulación de lo que denomino epistemologías del Sur. En mi concepción, el sur no es un lugar geográfico, es una metáfora para designar los conocimientos construidos en las luchas de los oprimidos y excluidos contra las injusticias sistémicas causadas por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, siendo evidente que muchos de los que constituyen el sur epistemológico vivieron y viven también en el sur geográfico.

Estos conocimientos nunca fueron reconocidos como aportes para una mejor comprensión del mundo por parte de los titulares del conocimiento erudito o académico, sea filosofía, sea ciencias sociales y humanas. Por eso, la exclusión de esos grupos fue radical, una exclusión abisal resultante de una línea abisal que pasó a separar el mundo entre los plenamente humanos, donde “solo” es posible la explotación (la sociabilidad metropolitana), y el mundo de los subhumanos, poblaciones desechables donde es posible la apropiación y la superexplotación (la sociabilidad colonial). Una línea y una división que prevalecen desde el siglo XVI hasta hoy. Las epistemologías del Sur buscan rescatar los conocimientos producidos del otro lado de la línea abisal, el lado colonial de la exclusión, a fin de poder integrarlos en amplias ecologías de saberes donde podrán interactuar con los conocimientos científicos y filosóficos con miras a construir una nueva comprensión/transformación del mundo.

Esos conocimientos –hasta ahora invisibilizados, ridiculizados, suprimidos– fueron producidos tanto por los trabajadores que lucharon contra la exclusión no abisal (zona metropolitana), como por las vastas poblaciones de cuerpos racializados y sexualizados en resistencia contra la exclusión abisal (zona colonial). Al centrarse particularmente en esta última zona, las epistemologías del Sur dan especial atención a los subhumanos, precisamente aquellos y aquellas que fueron considerados más próximos a la naturaleza. Los conocimientos producidos por esos grupos, pese a su inmensa diversidad, son extraños al dualismo cartesiano y, por el contrario, conciben la naturaleza no humana como profundamente implicada en la vida social-humana, y viceversa. Como dicen los pueblos indígenas de las Américas: “La Naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Naturaleza”. Los campesinos de todo el mundo no piensan de modo muy diferente. Y lo mismo sucede con grupos cada vez más vastos de jóvenes ecologistas urbanos en todo el mundo.

Esto significa que los grupos sociales más radicalmente excluidos por la sociedad capitalista, colonialista y patriarcal, muchos de los cuales fueron considerados residuos del pasado en vías de extinción o de blanqueamiento, son los que, desde el punto de vista de las epistemologías del Sur, nos están mostrando una salida con futuro, un futuro digno de la humanidad y de todas las naturalezas humanas y no humanas que la componen. Al ser parte de un esfuerzo colectivo, las epistemologías del Sur son un trabajo en curso y todavía embrionario. En mi propio caso, pienso que hasta hoy no alcancé a expresar toda la riqueza analítica y transformadora contenida en las epistemologías del Sur que voy proponiendo. He destacado que los tres modos principales de dominación moderna –clase (capitalismo), raza (racismo) y sexo (patriarcado)– actúan articuladamente y que esa articulación varía con el contexto social, histórico y cultural, pero no he dado suficiente atención al hecho de que este modo de dominación se asienta de tal modo en la dualidad sociedad/naturaleza que sin la superación de esta dualidad ninguna lucha de liberación podrá ser exitosa.

En tal escenario, la nueva tesis once debería tener hoy una formulación del tipo: “Los filósofos, filósofas, científicos sociales y humanistas deben colaborar con todos aquellos y aquellas que luchan contra la dominación en el sentido de crear formas de comprensión del mundo que hagan posible prácticas de transformación del mundo que liberen conjuntamente el mundo humano y el mundo no humano”. Es mucho menos elegante que la undécima tesis original, cierto, pero tal vez nos sea más útil.


- Boaventura de Sousa Santos, académico portugués. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y Director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor distinguido de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU) y de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y es uno de los principales dinamizadores del Foro Social Mundial.  

lunes, 11 de diciembre de 2017

El sistema universitario español ante el racismo institucional




1.       La evidencia del racismo

Preguntarse acerca de la existencia del racismo institucional en el contexto español es, en el mejor de los casos, ingenuo. De forma similar a lo que ocurre en el resto de Europa, el asedio sobre los sujetos migrantes, desplazados y minorizados no cesa de intensificarse. La criminalización de la inmigración en situación irregular, la institucionalización de los CIE, las redadas policiales basadas en perfiles étnico-raciales, la política cada vez más restrictiva de asilo y la vulneración sistemática del derecho a solicitar protección internacional (especialmente en la frontera Sur con las devoluciones en caliente), el incumplimiento gubernamental de las cuotas de acogida de personas solicitantes a las que se había comprometido el estado español desde 2016, las muertes por goteo de miles de personas en las puertas de Europa sin que se activen medidas urgentes para evitarlas, la Ley de Extranjería vigente, la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, la islamofobia y el antigitanismo presentes en las fuerzas policiales, la desigualdad laboral que sufren los sujetos racializados o el tratamiento mediático dominante del que son objeto, entre otros, son ejemplos manifiestos de una práctica institucional persistente: la marginación e inferiorización de los otros, sometidos ellos mismos a una dinámica jerarquizante en la que también el «género» y la «clase» tienen su incidencia específica, sin que ello justifique en lo más mínimo la reducción del racismo a una forma de patriarcado o de clasismo[i]. Como fenómenos concomitantes y sobredeterminados, cada uno de estos vectores de desigualdad agrava un fenómeno ya de por sí inaceptable y que requiere, en términos analíticos, ser distinguido en sus especificidades materiales. Pensar en esos entrelazamientos permite ahondar en un régimen de dominación que ejerce sus presiones de forma desigual según el sujeto del que se trate, más allá de la pregunta por la simple disyuntiva sobre la existencia (o no) del racismo.

La investigación crítica sobre la problemática racista, sin embargo, se topa con escollos quizás insalvables al momento de determinar el grado de penetración en las instituciones públicas españolas. La opacidad estadística que existe al respecto dificulta seriamente el intento de elucidar las posiciones que ocupa esta ciudadanía diversa en el contexto institucional español. En particular, indagar sobre su posición relativa y grado de participación institucional exige sortear las dificultades recurrentes para acceder a información confiable acerca de las estructuras socioinstitucionales existentes y el modo en que esas estructuras reproducen las desigualdades sociales.

El caso del sistema universitario español (SUE) es peculiarmente ilustrativo. De modo análogo a lo que ocurre en el campo mediático, en las ONG, en los sindicatos o en el sistema político, los sujetos racializados (inmigrantes, desplazados, solicitantes, refugiados y, de forma flagrante en Europa, las comunidades gitanas) son objeto sistemático de marginación, reducidos regularmente a la condición de “receptores”, “usuarios”, “afiliados”, “votantes” o, en un lenguaje empresarializado, “clientes”. La “igualdad” como principio abstracto se transforma, en esta economía política de las instituciones, en desigualdad concreta. Así planteada la problemática, es pertinente preguntar: ¿qué inserción profesional tienen estos sujetos en el campo universitario? ¿Cuál es su nivel de participación político-cultural en las instituciones educativas superiores? ¿Qué aportaciones efectúan más allá de su contribución económica al erario o  al sistema productivo?

Como he argumentado en otra oportunidad[ii], los objetivos que estructuran la producción de conocimiento por parte de los organismos oficiales difuminan semejantes problemáticas: la vía estadística sólo permite determinar parcialmente el grado de inserción real del profesorado racializado en el sistema universitario español, pese a estar legalmente habilitados a participar en este tipo de actividad fundamentalmente bajo el rubro de “personal contratado”-[iii]. Desde esos objetivos, sencillamente, nuestras preguntas resultan irrelevantes o no pertinentes. No forman parte de las preocupaciones institucionales centrales que estructuran la investigación sobre las propias instituciones universitarias.

2. El estrangulamiento de la universidad pública          

Para situar la problemática del racismo en el sistema universitario español resulta conveniente mencionar algunas de sus condiciones de existencia actuales, comenzando por la continuidad de una política que dualiza el profesorado universitario entre funcionariado y personal contratado, afectado especialmente por una creciente precarización. De hecho, de los 115336 docentes e investigadores que hay en el SUE menos del 40 % son funcionario/as[iv], evidenciando las brechas laborales que existen dentro del propio profesorado nacional.

Desde esta perspectiva, semejante brecha se puede explicar a partir de la tendencia privatizadora a la que está sometida la universidad pública española, acorde a la política neoconservadora hegemónica a nivel europeo. Además de impugnar cualquier educación crítico-reflexiva, esta política universitaria implanta un modelo de calidad educativa ligada a parámetros de eficiencia y rentabilidad acorde a la primacía de una sociedad de mercado[v]. De esa configuración resulta el predominio de una formación universitaria tecnicista o profesionalista orientada a la gestión privada que obstruye, en términos epistemológicos, teóricos y políticos, un debate institucional más que necesario, ligado a las propias estructuras y prácticas universitarias en función de las transformaciones socioculturales del presente, incluyendo la reconfiguración de la sociedad española a partir 1) de los procesos de inmigración producidos especialmente a partir de los 90 del siglo pasado, y 2) de los procesos de emigración –o “movilidad forzosa”-producidos a partir de la crisis económica de 2008 (especialmente de jóvenes investigadores), por falta de oportunidades laborales, inestabilidad laboral, salarios y becas precarias, falta de inversión en la investigación científica, enchufismo y endogamia sistemáticos, rigidez en las contrataciones y falta de recursos y puestos de trabajo, entre otras cuestiones[vi].

En este sentido, la crisis de financiación empuja a las propias universidades (y al propio profesorado dentro de estas) a una lucha por la obtención de recursos escasos que no hace sino postergar un debate imprescindible tanto en relación con sus modos de financiación como en torno a sus dinámicas organizacionales, sus estructuras profesorales, sus modalidades de vinculación con la sociedad en la que se inscriben y sus finalidades político-institucionales. Dicho lo cual, partiendo del actual contexto de estrangulamiento financiero, no cabe omitir una reflexión crítica que permita identificar formas persistentes de desigualdad institucional y, particularmente, aquellas dinámicas que jaquean la democracia universitaria, bloquean la excelencia académica e impiden una transformación de sus estructuras institucionales.

Para decirlo de otro modo: el modelo actual de financiación universitaria y el desarrollo de unas políticas universitarias regresivas no debería ser impedimento para indagar sobre las estrategias que se elaboran desde el (auto)gobierno universitario, así como sobre las decisiones internas que históricamente han consolidado (y, eventualmente, alterado) esas desigualdades institucionales, comenzando por las desigualdades de género y prosiguiendo con otras formas de desigualdad, como por ejemplo las que se producen por nuestras pertenencias étnico-raciales o nacionales. Semejantes omisiones analíticas bien podrían estar operando como coartada teórica para ocultar no ya la precarización del espacio universitario, sino la reproducción de una cultura académica marcada por su clausura institucional, producto de una historia colonial que ha instituido el racismo y la xenofobia como relación prevaleciente con los otros. Aunque esa cultura académica no está exenta de disputas y resistencias, su primacía es manifiesta, precisamente, como práctica institucional excluyente.

Por tanto, el conocimiento (no sólo estadístico) de esas desigualdades, como condición de producción de otras políticas y decisiones universitarias, exige conocer no sólo la posición y el grado de participación de mujeres en el profesorado universitario español (algo de lo que sí disponemos información), sino también del profesorado universitario extranjero y perteneciente a minorías étnicas (siendo este último caso algo que sólo podemos conocer de forma indiciaria).

Paradójicamente, el sistema universitario español, a la vez que expulsa a una parte nada desdeñable del profesorado y del personal investigador nacional al exterior, restringe severamente el acceso y permanencia del profesorado y del personal investigador extranjero residente en España. Con ello, desde una dimensión económica, el estado español no sólo da las espaldas al problema de la “fuga de talentos” (denunciada por las propias universidades), sino también a la falta de una política universitaria que logre captar y retener profesionales de la educación superior formados en universidades no españolas. Aunque en un plano académico las consecuencias de estas falencias estructurales no son fáciles de desentrañar, en un plano económico sus implicaciones son claras: el incremento de costes educativos sin ningún tipo de retorno en el propio sistema universitario, así como la dilapidación económica de personal docente e investigador extranjero que, por lo demás, podría contribuir a la excelencia de dicho sistema.

Si por una parte el estado financia la formación universitaria de miles de egresados que se ven empujados a emigrar, por otro lado, desaprovecha la formación universitaria de cientos de miles de profesionales que han inmigrado en las últimas décadas (excluyéndolos legalmente del acceso a los cargos de “titular” o “catedrático” y marginándolos en el acceso a los cargos de “personal contratado”). El balance es claramente negativo: aun desde la propia ideología eficientista que está detrás del giro neoliberal de las políticas universitarias se produce una grave ineficiencia, esto es, el desaprovechamiento de un profesorado universitario deslocalizado que se topa con la escasez de oportunidades institucionales al momento de desempeñarse.

3. La situación del profesorado inmigrado en cifras

Al respecto, resulta pertinente realizar un repaso de la información oficial disponible. A partir del “Anuario de indicadores universitarios 2016”[vii] podemos saber que el profesorado extranjero residente que ha logrado insertarse como profesor/a en el Sistema Universitario Español representa el 2,37% del total del profesorado: en total, 2730 personas. De ese total, en las universidades públicas sólo participan 1958 personas, representando el 1,97% del total (op. cit.)[viii]. En cuanto a la inserción profesoral en el SUE de la comunidad gitana no existe ninguna información oficial: es estadísticamente invisible, reafirmando con ello su indiferencia ante la exclusión sistémica e institucional de este colectivo.

Teniendo en cuenta que en España residen de forma regular 4.424.409 personas extranjeras al día de hoy (el 9,5 % del total de la población en España)[ix], su escaso grado de participación profesional en la estructura universitaria es por demás de notorio[x]. Podría objetarse, en términos metodológicos, que de esas más de cuatro millones de personas inmigrantes y refugiadas en España no todas forman parte de la «población activa» y que sólo un porcentaje reducido está (o podría estar) en condiciones legales y profesionales para participar como parte del profesorado universitario. Sin embargo, a pesar de la opacidad recurrente que existe al respecto, es posible hacer un primer cálculo de la población inmigrada con estudios superiores en España a partir de la “Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI – 2007)”, encuesta que, dados los cambios demográficos de la última década en España, sólo puede tener valor aproximativo y con márgenes de error significativos. A falta de fuentes más precisas y actuales, a partir de dicha encuesta podemos conocer que el 17% de la población inmigrante tiene estudios superiores en el período analizado[xi], siendo en general los niveles formativos de población inmigrada y población nacional similares en términos porcentuales[xii].

En síntesis, puesto que no estamos en condiciones de saber cuántos profesionales extranjeros de la educación superior existen en la actualidad en España –incluyendo aquellos que han homologado sus estudios-, una forma de despejar dicha incógnita puede hacerse proyectando los resultados de la encuesta mencionada. Si nos atenemos a ese estudio podemos estimar que, potencialmente, al menos 1 de cada 10 personas de la población activa extranjera residente podría desempeñar una labor pedagógica e investigadora en el SUE[xiii], muy por encima de su inserción real en dicho sistema. Incluso si evitamos esa proyección, en términos cualitativos, resulta plausible sostener que la presencia del profesorado extranjero en el SUE es marginal, en posición subalterna (como “personal contratado”), pese a existir niveles de cualificación suficientes en esa población como para tener una participación más relevante en el espacio universitario.

Por otra parte, a partir del último informe “Datos y cifras del sistema universitario español (2015-2016)”, del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, es posible determinar de forma fehaciente que el 69,8% del total del profesorado del SUE y el 73,5 % en el caso de las universidades públicas, trabaja en el mismo centro universitario donde ha leído su tesis. La cifra se eleva al 86,4 % si se analiza la comunidad autónoma[xiv]. De cada 10 profesores universitarios, 7 pertenecen a la propia casa de estudios y 8 son de la propia comunidad autónoma. Puesto que del resto del profesorado sólo el 2,4 % es personal extranjero, eso significa que, se proceda o no de la misma comunidad autónoma, el 97,6 % del total del profesorado sigue conformado por profesorado nacional.

Tomando esas bases, señalar el carácter endogámico del SUE resulta insuficiente si no se señala su contracara sistemática: su clausura institucional hacia el exterior. Tras casi tres décadas de procesos migratorios masivos en España, el SUE no ha cambiado en lo sustantivo sus estructuras profesorales para dar lugar a una ciudadanía diversa, incluyendo aquella que cuenta con grados de cualificación similares o superiores a la población local en el campo de la enseñanza universitaria. Por si fuera poco, del porcentaje mínimo que representa el profesorado universitario extranjero en el SUE, el 65,1% pertenece a la propia Unión Europea, un 17 % a América Latina y el Caribe y un 17,9% del resto de los otros continentes. No es difícil advertir a partir de estas cifras la persistencia de una membrana institucional que diferencia de forma nítida entre nacionales y extranjeros al momento de regular el acceso y permanencia en el SUE, especialmente cuando se trata de profesorado extracomunitario.

La conclusión que cabría arriesgar es la siguiente: cuanto mayor es la distancia cultural (de las personas inmigradas) con respecto a la población local, tanto mayor es su dificultad de acceso profesional al espacio universitario. El carácter excluyente del SUE y, llamativamente, de la universidad pública, se hace manifiesto así en su propia estructura profesoral. Si la brecha de género ya es patente, mucho más lo es la brecha racial o por procedencia. Tal como está instituido en el presente, el SUE no sólo incurre en políticas sexistas, sino también en políticas xenófobas y racistas. Para mayor agravio, la información disponible 1) no permite conocer la participación de la comunidad gitana dentro de las estructuras universitarias, y 2) tampoco permite identificar la participación profesional del profesorado extranjero nacionalizado en dichas estructuras. A pesar de estos déficits, el estado español sigue bloqueando la elaboración de políticas universitarias inclusivas que transformen estas graves desigualdades en la estructura del profesorado.

Tampoco dos décadas de pedagogías de la interculturalidad han logrado horadar este cerco que perpetúa los privilegios de las poblaciones nativas, con rigurosa exclusión de la comunidad gitana. Más aun, ni siquiera esas pedagogías han enfatizado la necesidad de que esa interculturalidad se transforme en una exigencia de participación institucional igualitaria. Incluso dentro de esas pedagogías el Otro sigue estando marginado como sujeto comunicacional y político: no participa en la deliberación y construcción de las políticas de las que es objeto. No obstante, más que rechazar en bloque el discurso interculturalista, de lo que se trata es de exigirle que sea consecuente en la práctica, reformulando algunos de sus presupuestos teóricos. Puesto que dicho discurso apuesta por construir marcos de convivencia ciudadana a partir de la negociación simbólica y política entre sujetos diversos considerados como iguales, una práctica intercultural coherente supone la inclusión de esos otros como sujetos simétricos en las diversas instituciones que configuran la sociedad del presente. De ese discurso se desprende asimismo que ninguna de las partes puede reclamar legítimamente para sí la representación exclusiva de las otras partes. La exigencia interculturalista, por tanto, requiere abrir procesos de participación institucional y ciudadana en los que las diferentes comunidades racializadas puedan participar en igualdad de condiciones en los procesos deliberativos y decisorios que los afectan. Eso implica, desde luego, crear políticas de apertura en las instituciones públicas, incluyendo el sistema universitario español y, en particular, las universidades públicas[xv]. Sin apertura institucional, la interculturalidad deseada pierde su fuerza subversiva[xvi]: termina circunscripta a una declaración de buenas intenciones, cuando no a una retórica de la tolerancia multicultural, en absoluto incompatible con el racismo y la xenofobia cristalizadas en las estructuras institucionales del presente.

A diferencia de las propuestas interculturales en América Latina, que han trabajado sobre la crítica a la colonialidad y al colonialismo[xvii], cabe conjeturar que en España dichas propuestas no nacen de la deconstrucción del etnocentrismo sino de unas demandas educativas más o menos dispersas y específicas, ligadas al aumento del alumnado extranjero en la década de los 90 en el sistema educativo español (especialmente relacionadas con la preocupación por el “rendimiento escolar” y la “convivencia en el aula”), sin que ello haya conducido a una crítica de los privilegios profesionales de la población blanca nacional. Desde esta perspectiva, la marginación tendencial de migrantes y refugiados en las instituciones de enseñanza superior hace manifiesta no sólo la falta de una política efectiva de igualdad que incluya a los colectivos racializados sino la falta de prioridad política de estas luchas por la inclusión. Si bien las crisis de financiación podrían explicar parcialmente las dificultades presentes que afronta el SUE para la ampliación de sus estructuras profesorales, no permite explicar su configuración actual excluyente -comenzando por las restricciones legales que se plantean al momento de acceder a cargos jerárquicos- o la baja diversificación de sus plantillas ya existentes. Para dar cuenta de ello, es preciso desplazarse de lo económico a lo político-cultural, especialmente, aquellas regulaciones que obstruyen el acceso y permanencia del profesorado racializado.

4. La colonialidad del saber

La información precedente debería bastar para cuestionar un discurso que explica las exclusiones sistemáticas del SUE a partir de la “falta de atractivos” para el profesorado extranjero[xviii]. Del mismo modo que ese discurso ni siquiera menciona la presencia marginal del profesorado gitano en las universidades españolas, no da cuenta en lo más mínimo de la clausura institucional del SUE que margina al profesorado extranjero. Si bien no cabe desconocer el contexto regresivo de precariedad económica y las restricciones jurídico-administrativas que regulan el acceso a las instituciones universitarias, la exclusión/marginación sistemática que el SUE hace del profesorado racializado entronca con una cultura académica en la que el «sujeto de saber» por excelencia no es otro que el sujeto colonial.

Para formularlo de otro modo: el cierre universitario ante el profesorado diverso se explica menos por las dificultades económicas que atraviesa el SUE que por unas tradiciones, prácticas, valores y significaciones marcados por el eurocentrismo[xix]. En particular, resulta de especial relevancia la noción de «colonialidad del saber» en terminología de Lander, marcado por la «hybris del punto cero»:

De hecho, la hybris es el gran pecado de Occidente: pretender hacerse un punto de vista sobre todos los demás puntos de vista, pero sin que de ese punto de vista pueda tenerse un punto de vista[xx].

Como observadoras inobservadas, las universidades españolas no han cuestionado el lugar tradicional de lo universitario como espacio privilegiado de producción de conocimientos desde una lógica disciplinaria y arbórea, desconociendo tanto otras formas de producción de conocimiento como otros sujetos cognoscitivos. Sin embargo, en vez de promover una simple inversión de las posiciones, de lo que se trata es de pensar otra universidad como espacio dialógico entre distintos saberes que reconocen sus específicos lugares de enunciación. La «interculturalidad» resultante, pues, no es una simple consecuencia de la yuxtaposición multicultural sino de un proceso de descolonización universitaria que necesita cuestionar los privilegios del sujeto occidental hegemónico como condición para dar lugar efectivo a los otros.

Si en general la herencia colonialista ha instituido la jerarquía racista entre «centro» y «periferia», la herencia patriarcal la jerarquía sexista entre «hombres» y «mujeres» o la herencia capitalista la jerarquía clasista entre «propietarios» y «trabajadores», excluyendo tendencialmente al segundo término del acceso a las instituciones, la herencia colonial universitaria mantiene en particular la jerarquía entre profesorado nacional y profesorado extranjero (expulsando asimismo a la comunidad gitana por ser heterogénea con respecto a los patrones nacionales dominantes). A pesar de algunas iniciativas dirigidas a erosionar las membranas institucionales que sostienen los privilegios coloniales, las políticas universitarias españolas muestran más preocupación por atender las actuales demandas de mercado o la medición de su calidad concebida en términos eficientistas que por transformar sus estructuras institucionales que perpetúan múltiples formas de desigualdad.

De forma previsible, entre los principales problemas que suelen señalarse sobre el sistema educativo en general y el universitario en particular, no hay ninguna referencia a las graves discriminaciones en las que ese sistema asienta en la actualidad[xxi] y a la necesidad de revocarlas a partir de una política de apertura intercultural. Precisamente porque un “olvido” de este tipo resulta por demás de sintomático, sigue siendo preciso cuestionar esas múltiples discriminaciones como recordatorio de otra universidad pública posible y, sobre todo, como una forma de interrogarnos sobre las finalidades políticas de la educación universitaria presente. Frente a una política elitista de privatización, ¿qué mejor defensa de la universidad pública puede hacerse que la apuesta por su construcción como espacio colectivamente accesible, capaz de encarnar una estructura profesional diversa que respete un principio de igualdad y no discriminación? Sin ese recordatorio, la invención de una comunidad académica abierta y de un espacio universitario intercultural seguirán siendo meras veleidades.



[i] Cf. Davis, Ángela (2016): “Raza, género y clase son elementos entrelazados”, entrevista publicada en “Diagonal”, 8/09/2016, versión electrónica en https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31326-raza-genero-y-clase-son-elementos-entrelazados.html.
[ii] Cf. Borra (2015a): “Reflexiones sobre el espacio universitario español. Noticias antiguas sobre la interculturalidad que no fue”, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=174337.
[iii] Por mi parte, he formulado las siguientes preguntas al Servicio de Estadística Universitaria, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: “1- ¿Cuántos profesores extranjeros están empleados en el SUE y qué cargos ocupan?;  2-¿Cuál es su participación porcentual en la estructura del profesorado universitario?;  3- ¿Cuáles son sus principales procedencias?;  4- ¿Qué cantidad de población inmigrada y refugiada dispone de titulaciones universitarias de su país de origen? ¿Qué porcentaje ha homologado sus estudios en España?  y 5- Finalmente, ¿cuántos profesores del SUE son extranjeros nacionalizados?”. La respuesta se ha limitado a remitirme a los datos publicados en https://www.educacion.gob.es/educabase/menu.do?type=pcaxis&path=/Universitaria/Indicadores/2016/6_Internacionalizacion&file=pcaxis&l=s0. Dichos datos sólo permiten responder las primeras tres preguntas, aunque en el caso de la primera no se especifican los cargos.
[iv] Cf. “Datos y cifras del sistema universitario español”, pág. 123, Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, versión electrónica en https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-y-cifras-del-sistema-universitario-espanol-curso-20152016/estadisticas-universidad-espana/21461. Si distinguimos por género, sólo un 20,8 % del total de catedráticos son mujeres y un 39,9 % del total de titulares.
[v] Semejante primacía, como es previsible, no sólo ha promovido de forma acrítica la alianza entre empresas privadas y SUE, sino que también ha conllevado –especialmente en la última década- un acelerado deterioro del mercado de trabajo del que no han logrado escapar muchos puestos universitarios.
[vi] Remito al proyecto “Fuga2”, publicado en http://data.elperiodico.com/, basado en un mapa colaborativo en el que participan más de 750 investigadores emigrados.
[viii] Puesto que dicho profesorado está excluido por ley del acceso al funcionariado, dichas plazas deben ser contabilizadas dentro de la categoría de “personal contratado” de las universidades.
[x] Si desglosamos la información según continentes los resultados son aun más alarmantes. Solamente Europa y EEUU/Canadá ya concentran 1.777 plazas. América Latina le sigue con 454 plazas, y menos de 200 distribuidas entre toda África, Asia y Oceanía. La infrarrepresentación de estas comunidades en el SUE es evidente. Con ello, bloquea la posibilidad de un diálogo de saberes y, sobre todo, la crítica al sistema moderno/colonial en el que participa el propio SUE.
[xii] Cf., Francisco Javier Moreno Fuentes y María Bruquetas Callejo (2011): “Inmigración y Estado de bienestar en España”, versión electrónica en http://www.publicacionestecnicas.com/lacaixa/inmigracion/files/31_es/descargas/31_es.pdf.
[xiii] La observación es consistente con otras constataciones que pueden hacerse sobre el mercado laboral español, comenzando por los niveles comparativamente más elevados de sobrecualificación de la población inmigrada. Mientras que en 2008 uno de cada tres españoles tenía un empleo subcualificado según su nivel formativo, en el caso de los colectivos inmigrantes el fenómeno se incrementó hasta el 58%, duplicando la media nacional (“España es el país de la UE con más empleados sobrecualificados”, en “El país”, 9/12/2011, versión electrónica en https://elpais.com/sociedad/2011/12/09/actualidad/1323385541_344704.html). El «confinamiento sectorial» al que está sometida la mayoría inmigrada es la contracara de la exclusión tendencial que sufre esta población con respecto al acceso a puestos laborales que exigen niveles de cualificación más elevados (como es el caso de los puestos universitarios, entre otros). A pesar de la relativa desactualización de los datos disponibles, no hay razones para suponer que esta sobrecualifiación se ha revertido de forma sustantiva, máxime cuando las políticas de empleo de la última década no han variado en lo estructural (Borra, Arturo [2017]: “Ciudadanías mermadas, mercado laboral y discriminación”, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227776).
[xiv] Cf. “Datos y cifras del sistema universitario español”, op.cit., pág. 130.
[xv] Al respecto, cabe preguntar si las «pedagogías de la interculturalidad» no han obtenido prestigio académico precisamente por desconectar sus planteamientos teóricos de las implicaciones que tiene en la práctica; a saber, la transformación no sólo del alumnado, sino del propio sujeto docente e investigador local, tanto a partir de la práctica del intercambio entre trayectorias profesionales culturalmente heterogéneas como a partir de la inclusión efectiva de los otros como sujetos pedagógicos e investigativos.
[xvi] Remito a Borra (2015b): “La interculturalidad en crisis: clausura institucional y migraciones”, versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194070.
[xvii] “El concepto de Interculturalidad tiene una significación en América Latina, y particularmente en Ecuador, ligada a geopolíticas de lugar y espacio, desde la histórica y actual resistencia de los indígenas y de los negros, hasta sus construcciones de un proyecto social, cultural, político, ético y epistémico orientado a la descolonización y a la transformación. Más que la idea simple de interrelación (o comunicación, como generalmente se lo entiende en Canadá, Europa y EE.UU.), la interculturalidad señala y significa procesos de construcción de un conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis política”, Walsh, Catherine (2007) “Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento «otro» desde la diferencia colonial”, pág. 47, en Mignolo, Walter y Castro-Gómez, Santiago [ed.] (2007): El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Siglo del Hombre, Bogotá. Véase también Walsh, Catherine (2005): “Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad”, en “Signo y pensamiento”,  vol. XXIV, Nº 46, Colombia y Walsh, Catherine (2008): “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado”, en “Tabula Rasa”, Nº.9, Bogotá.
[xviii] En esta línea se mueven diferentes reflexiones periodísticas. Véase por ejemplo  “Las universidades carecen de atractivos para los profesores extranjeros”, en “El diario”, 25/10/2017, versión electrónica en http://www.eldiario.es/sociedad/plantilla_universitaria-universidad-educacion_0_700280628.html. En dicho artículo se desconoce que la escasa presencia del profesorado extranjero es menos una decisión del propio sujeto profesoral que una consecuencia sistemática de unas estructuras institucionales en las que ese sujeto no tiene cabida o, en el mejor de los casos, sólo una cabida marginal.
[xix] Siguiendo a Castro-Gómez y Grosfoguel (2007): “Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico”, en Mignolo y Castro-Gómez, op.cit., pág. 20: “Un componente básico del grupo modernidad/colonialidad es la crítica de las formas eurocéntricas de conocimiento. Según Quijano y Dussel, el eurocentrismo es una actitud colonial frente al conocimiento, que se articula de forma simultánea con el proceso de las relaciones centro-periferia y las jerarquías étnico/raciales. La superioridad asignada al conocimiento europeo en muchas áreas de la vida fue un aspecto importante de la colonialidad del poder en el sistema-mundo. Los conocimientos subalternos fueron excluidos, omitidos, silenciados e ignorados. Desde la Ilustración, en el siglo XVIII, este silenciamiento fue legitimado sobre la idea de que tales conocimientos representaban una etapa mítica, inferior, premoderna y precientífica del conocimiento humano. Solamente el conocimiento generado por la elite científica y filosófica de Europa era tenido por conocimiento ‘verdadero’, ya que era capaz de hacer abstracción de sus condicionamientos espacio-temporales para ubicarse en una plataforma neutra de observación”.
[xx] Castro-Gómez, Santiago (2007): “Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de saberes”, en Mignolo y Castro-Gómez, op.cit., pág. 83. Más adelante, el autor señala: “El punto cero sería, entonces, la dimensión epistémica del colonialismo, lo cual no debe entenderse como una simple prolongación ideológica o “superestructural” del mismo, como quiso el marxismo, sino como un elemento perteneciente a su “infraestructura”, es decir, como algo constitutivo. Sin el concurso de la ciencia moderna no hubiera sido posible la expansión colonial de Europa, porque ella no sólo contribuyó a inaugurar la “época de la imagen del mundo” —como lo dijera Heidegger—, sino  también a generar una determinada representación sobre los pobladores de las colonias como parte de esa imagen”, Castro-Gómez, Santiago (2007), op.cit., pág. 88.
[xxi] Por poner un caso reciente, en la nota “Los cinco grandes problemas del profesorado español” (“El mundo”, 3/11/2017, versión electrónica en http://www.elmundo.es/sociedad/2015/11/03/5637c9dc268e3e02488b456c.html) ni siquiera se mencionan estas exclusiones, pese a que se señala que “[l]a educación está desconectada del mundo real y su mayor problema es la falta de calidad del profesorado” (op.cit.). La inclusión de un profesorado diverso para contrarrestar algunos de estos problemas ni siquiera es mencionada como una posibilidad a tener en cuenta.